Estados Unidos anunció la deportación de 10 personas migrantes acusadas de pertenecer a las pandillas MS-13 y Tren de Aragua, como parte de su política de seguridad y migración. La medida, confirmada por el secretario de Estado Marco Rubio a través de su cuenta en X, se da en el marco de una estrategia más amplia del gobierno del presidente Donald Trump, quien se reunirá en las próximas horas con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, en Washington.
Los deportados fueron trasladados directamente al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, una megacárcel con capacidad para 40 mil reclusos, conocida por su papel en la guerra del gobierno salvadoreño contra las pandillas.
Aunque Rubio los calificó como “miembros de organizaciones terroristas internacionales”, hasta ahora no se han presentado pruebas públicas que respalden estas acusaciones. Casos previos, como el de Kilmar Ábrego García, un migrante deportado por error y encarcelado sin juicio, han despertado alarma entre grupos defensores de derechos humanos.
“Estas acciones representan un grave riesgo de detenciones arbitrarias”, advirtieron desde Human Rights Watch, que también ha cuestionado el uso de la ley de enemigos extranjeros de 1798, una norma histórica utilizada por el gobierno de Trump para justificar este tipo de deportaciones.
Desde Washington, el presidente Trump elogió la cooperación de Bukele, calificándola como un ejemplo para la seguridad del continente. Por su parte, el secretario Rubio sostuvo que la colaboración entre ambos gobiernos es clave para “la prosperidad hemisférica”.
No obstante, la legitimidad del proceso está bajo la lupa, ya que varios de los deportados no serían originarios de El Salvador, y su vinculación con las pandillas no ha sido ratificada por instancias judiciales. En el Cecot, las condiciones de reclusión han sido objeto de denuncias por tratos inhumanos y falta de acceso a la defensa legal.
La cumbre entre ambos presidentes se celebrará en un momento clave, con el combate al crimen organizado y la migración como ejes centrales. La comunidad internacional observa con atención el rumbo que tomará esta alianza, especialmente ante las implicaciones que podría tener para migrantes y solicitantes de asilo en toda América Latina.
Mientras tanto, las familias de los deportados enfrentan la incertidumbre y el temor de que sus seres queridos hayan sido enviados a prisión sin pruebas ni proceso legal. La controversia no solo pone en duda la legalidad de las deportaciones, sino también la capacidad del sistema para distinguir entre verdaderos criminales y personas que migran en busca de un futuro mejor.
