La líder de extrema derecha Marine Le Pen fue condenada este martes a cuatro años de prisión, de los cuales dos serán firmes y podrán cumplirse con un brazalete electrónico. Además, el Tribunal Correccional de París le impuso una multa de 100 mil euros y la inhabilitación política por cinco años con aplicación inmediata, lo que pone en riesgo su carrera y sus aspiraciones para las elecciones presidenciales de 2027.
Le Pen fue declarada culpable de estar al frente de un sistema organizado de desvío de fondos del Parlamento Europeo, utilizado para financiar su partido político.
Tras conocer la sentencia, la dirigente de Agrupación Nacional abandonó el Palacio de Justicia sin esperar a que el tribunal detallara todos los aspectos de su condena. Posteriormente, llegó a la sede de su partido sin emitir declaraciones, mientras que su mano derecha, Jordan Bardella, canceló su viaje al Parlamento Europeo y denunció en redes sociales que con esta sentencia “la democracia francesa queda ejecutada”.
Además de Le Pen, otros ocho antiguos eurodiputados de su partido también fueron condenados a diversas penas de prisión, multas y prohibiciones para ejercer cargos públicos. Entre ellos destaca Louis Aliot, alcalde de Perpiñán, quien recibió una inhabilitación de tres años, aunque sin aplicación inmediata debido a su cargo local.
La sentencia señala que Marine Le Pen heredó en 2009 el “papel central” de su padre, Jean-Marie Le Pen, como instigador del esquema de financiamiento ilegal del partido mediante el uso indebido de fondos del Parlamento Europeo.
El tribunal justificó la inhabilitación inmediata de Le Pen debido a “la gravedad de los hechos” y la necesidad de preservar la probidad en la vida pública. Además, se argumentó que el esquema financiero ilícito atentó contra la neutralidad democrática, al permitir que su partido compitiera en elecciones con ventajas desleales.
La condena representa un duro golpe para la extrema derecha francesa, especialmente cuando Le Pen se perfilaba como la principal favorita en las encuestas para las presidenciales de 2027. Su futuro político queda en el aire mientras su defensa analiza las posibilidades de apelación.
