El gobierno de Canadá anunció este jueves la inclusión de siete organizaciones criminales, entre ellas varios cárteles mexicanos, en su lista de grupos terroristas. La medida fue confirmada por el ministro de Seguridad Pública, David McGuinty, en una conferencia de prensa en Ottawa, alineándose con la decisión tomada un día antes por Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump.

Entre los cárteles mexicanos designados como terroristas por ambos países se encuentran el Cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste, del Golfo, Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos.

México responde con reformas constitucionales

Ante esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno enviará al Congreso de la Unión una propuesta para modificar los artículos 19 y 40 de la Constitución Mexicana, con el objetivo de blindar la soberanía del país y endurecer las sanciones contra el tráfico de armas.

“Esta designación es una decisión autónoma de Estados Unidos, pero no debe constituir una oportunidad para invadir nuestra soberanía”, advirtió Sheinbaum.

La reforma al artículo 40 busca reforzar el principio de no intervención extranjera, estableciendo que:

“El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo para la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”.

Por otro lado, la reforma al artículo 19 impondrá penas más severas y prisión preventiva oficiosa a cualquier persona, nacional o extranjera, que participe en el tráfico de armas o en actividades que vulneren la soberanía mexicana.

Con la inclusión de los cárteles mexicanos en sus listas de grupos terroristas, tanto Estados Unidos como Canadá podrían aplicar medidas más agresivas contra sus integrantes, incluyendo sanciones económicas, extradiciones y operativos de inteligencia.

El gobierno de México ha manifestado su rechazo a este tipo de designaciones, argumentando que la lucha contra el narcotráfico debe ser una responsabilidad compartida y que la intervención extranjera podría generar conflictos diplomáticos.

Este nuevo escenario pone a prueba las relaciones internacionales de México y su capacidad para enfrentar el crimen organizado sin comprometer su soberanía.