La Universidad de Harvard presentó este lunes una demanda formal contra el gobierno del expresidente Donald Trump, luego de que la administración federal decidiera congelar más de 2 mil 200 millones de dólares en subvenciones, en lo que la institución considera una represalia por no acatar demandas que atentan contra su autonomía y libertad académica.
El conflicto, revelado por el diario La Jornada, gira en torno a presiones ejercidas por el gobierno republicano para imponer reformas en las políticas de admisión de la universidad, exigir auditorías sobre sus programas de diversidad y limitar el activismo estudiantil dentro del campus. Harvard se negó a cumplir con estas condiciones, lo que provocó la suspensión de los recursos federales.
En la demanda, presentada en una corte federal, Harvard sostiene que estas acciones constituyen una violación a la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual garantiza la libertad de expresión y protege la independencia de las instituciones educativas frente a presiones políticas.
Alan Garber, presidente interino de Harvard, fue enfático al denunciar la intromisión del gobierno. “No cederemos ante presiones políticas que amenazan la integridad académica y los principios fundamentales de las universidades estadounidenses. Defendemos la verdad de que nuestras instituciones pueden cumplir con sus obligaciones legales sin interferencia gubernamental indebida”, declaró.
La administración de Trump ha argumentado que las medidas buscan frenar lo que consideran “prácticas antisemitas” y programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) que supuestamente promueven discriminación inversa y discursos divisivos en los campus universitarios.
Además de la congelación de fondos, el gobierno ha amenazado con retirar a Harvard su estatus de exención fiscal y endurecer las condiciones para la permanencia de estudiantes internacionales, que constituyen una parte crucial de la comunidad universitaria.
La batalla legal podría sentar un precedente significativo en la relación entre el gobierno federal y las universidades, y podría tener un impacto profundo en la autonomía institucional y el financiamiento de la educación superior en Estados Unidos.
