El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) trabaja en una ambiciosa expansión de su infraestructura de detención migratoria, con el objetivo de casi duplicar su capacidad actual. De acuerdo con información revelada por Associated Press, el sistema pasaría de 41,000 camas disponibles a cerca de 100,000, en lo que representa uno de los esfuerzos más grandes en décadas por reforzar el control migratorio.

Para ello, la agencia ya solicitó propuestas a empresas privadas para operar nuevas instalaciones en distintos estados, bajo contratos que podrían alcanzar hasta 45 mil millones de dólares. Además, la Cámara de Representantes aprobó recientemente una iniciativa de gasto de 175 mil millones de dólares para reforzar la aplicación de leyes migratorias, lo que representa un aumento 22 veces mayor al presupuesto actual de ICE.

Entre las principales empresas involucradas destacan The Geo Group, CoreCivic Inc. y Deployed Resources LLC, todas con experiencia en la operación de centros penitenciarios y que ahora buscan capitalizar la demanda migratoria:
    •    Deployed Resources LLC recibió un contrato de hasta 3,850 millones de dólares para operar un campamento en Fort Bliss, Texas.
    •    Geo Group Inc. operará centros en Newark, Nueva Jersey y Baldwin, Michigan, con capacidad total para 2,800 personas.
    •    CoreCivic Inc. abrirá un nuevo centro en Dilley, Texas, con 2,400 camas, incluyendo espacio para familias con niños.

El aumento de estos contratos ha tenido impacto en los mercados: desde las elecciones presidenciales de 2024, las acciones de Geo subieron un 94 % y las de CoreCivic un 62 %, lo que refleja el crecimiento de un modelo de negocio cada vez más vinculado a las políticas migratorias.

En 2019, el ICE tomó control de cinco prisiones estatales y actualmente opera nueve centros de detención en zonas rurales del norte y oeste del estado. Estas ubicaciones, lejanas a grandes ciudades, abogados y organizaciones de derechos humanos, han generado duras críticas.

“Estos centros dificultan la protesta, la organización y el acceso a representación legal”, denunció Homero López, abogado de Immigration Services and Legal Advocacy.

“La detención juega un papel crucial en la agenda de deportación masiva de Trump”, agregó Carly Pérez Fernández, de Detention Watch Network.

Uno de los centros más destacados está ubicado en Jena, una comunidad de apenas 4,200 habitantes, a más de 350 kilómetros de Nueva Orleans. Operado por The Geo Group, cuenta con cercas, alambres y vigilancia armada, y sólo un hotel cercano, dificultando el acceso de abogados o familiares. Expertos denuncian que este aislamiento favorece al ICE para elegir tribunales con menos probabilidades de fallo favorable a los migrantes.

En una reciente conferencia, el director interino del ICE, Todd Lyons, explicó que buscan mejorar la eficiencia del sistema, comparando las deportaciones con el modelo logístico de Amazon:

“Así que encontrar la forma de hacer eso con seres humanos y llevarlos a prácticamente todo el mundo es algo que realmente quisiéramos”.

Este enfoque, según activistas, deshumaniza el proceso migratorio, tratándolo como una operación comercial en lugar de una cuestión de derechos humanos.

Aunque los fondos aún no han sido asignados en su totalidad, las licitaciones y contratos ya están avanzando. El ICE continuará expandiendo su presencia, particularmente en estados con bajos costos y escasa supervisión pública, mientras organizaciones civiles y expertos jurídicos advierten sobre el aislamiento deliberado, el acceso limitado a derechos y el protagonismo creciente del sector privado en la política migratoria estadounidense.