El uso de teléfonos celulares en las escuelas está siendo cada vez más restringido en distintos países, según el Informe Global de Monitoreo de la Educación (GEM) 2023 de la Unesco, presentado el pasado 23 de enero.

De acuerdo con el documento, 19 sistemas educativos se sumaron a la prohibición, elevando el total a 79 sistemas educativos que han implementado restricciones en el aula, lo que equivale al 40% a nivel global.

El informe destaca que los smartphones pueden ser una distracción para los estudiantes. Se ha demostrado que, tras revisar una notificación, los alumnos tardan hasta 20 minutos en recuperar la atención en sus actividades.

Además, según un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el uso excesivo de celulares y el internet en niños y adolescentes puede generar cambios en el cerebro, afectando la atención, la toma de decisiones y el control cognitivo.

En algunos lugares, como Zhengzhou (China), España y Estados Unidos, se requiere consentimiento de los padres para el uso pedagógico de celulares en las escuelas.

Otros países han optado por prohibiciones específicas. En Dinamarca y Francia, se prohibió el uso de Google Workspace en entornos educativos por preocupaciones de privacidad. En Alemania, algunos estados han bloqueado productos de Microsoft.

La Unesco advierte que el uso de celulares en el aula puede poner en riesgo la privacidad de los estudiantes, especialmente después de la pandemia, cuando la tecnología se volvió una herramienta esencial en la educación.

El informe también resalta que las redes sociales y plataformas digitales pueden reforzar estereotipos de género negativos, afectando la autoestima de las niñas y exponiéndolas a riesgos como el ciberacoso.

Las restricciones varían según el nivel educativo. Mientras algunos países prohíben el uso de celulares solo en escuelas primarias, otros, como Israel y Turkmenistán, han ampliado la prohibición a jardines de infancia y secundaria.

Aunque los celulares pueden ser una herramienta educativa útil, la Unesco insiste en que su uso en escuelas debe ser regulado para evitar efectos negativos en el aprendizaje y la privacidad de los estudiantes.