En solo cuatro días, el gobierno de Donald Trump llevó a cabo una serie de operativos que resultaron en la detención de más de 3,000 migrantes indocumentados. Las redadas, lideradas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con el apoyo del FBI y la DEA, tuvieron lugar entre el viernes y el lunes pasados, abarcando estados como Georgia, California, Texas, Arizona, Nebraska y Colorado.

Entre las ciudades más impactadas se encuentran Atlanta, Savannah y Cartersville, donde los operativos fueron particularmente intensos. Según las autoridades, el objetivo principal era detener a migrantes con antecedentes criminales, aunque también se arrestaron a personas por delitos menores y a solicitantes de asilo.

Uno de los casos más llamativos ocurrió en Georgia, donde siete mexicanos fueron detenidos mientras su empleador hacía una parada en una gasolinera, sin que existiera un operativo dirigido contra ellos.

En otro incidente en el mismo estado, Wilson Rogelio Velázquez Cruz, un hondureño solicitante de asilo, fue arrestado fuera de una iglesia. Según testigos, los agentes de ICE no ingresaron al templo, pero localizaron a Velázquez Cruz mediante un grillete de monitoreo y lo detuvieron cuando salió del recinto. Su arresto, realizado frente a su familia, quedó registrado en video y ha generado indignación entre defensores de los derechos humanos.

Por su parte, en Chicago, Adán Pablo Ramírez fue detenido por conducir bajo la influencia de alcohol (DUI), uno de los delitos menores mencionados como justificación para las redadas.

Las redadas han provocado una ola de críticas de activistas y legisladores. El senador demócrata Dick Durbin calificó las acciones del gobierno de Trump como excesivas y pidió un enfoque más humanitario hacia la migración. Organizaciones como Fuerza Migrante han abierto líneas de asistencia telefónica para brindar apoyo a las familias de los detenidos, ofreciendo orientación legal y psicológica.

Aunque las autoridades han defendido los operativos como parte de un esfuerzo por garantizar la seguridad pública, los críticos señalan que las redadas han afectado a personas que no representan un peligro, incluyendo trabajadores esenciales y solicitantes de asilo.

La situación ha reavivado el debate sobre la necesidad de una reforma migratoria integral que permita abordar tanto las preocupaciones de seguridad como los derechos de los migrantes. Mientras tanto, la incertidumbre y el temor continúan creciendo entre las comunidades inmigrantes de Estados Unidos.