Un hombre de 46 años identificado como Shannon Depararro Atkins fue detenido el pasado viernes por presuntamente realizar amenazas en redes sociales contra el expresidente Donald Trump. El arresto ocurrió cerca de su residencia en West Palm Beach, a pocos kilómetros del resort Mar-a-Lago, una de las propiedades más emblemáticas de Trump, según informó ABC News.
La investigación se inició luego de que un residente de Okeechobee alertara al FBI sobre publicaciones preocupantes en la cuenta de Facebook de Atkins. Según el jefe del Departamento de Policía de West Palm Beach, Tony Araujo, las publicaciones incluían “retórica violenta” y un meme relacionado con un intento de asesinato contra Trump en julio de 2024.
En una conferencia de prensa el sábado, Araujo presentó uno de los memes compartidos por Atkins, quien admitió ser el autor de las publicaciones. No obstante, aseguró que se trataba de una “broma”.
“Amigos, esto no es una broma. Nada de esto es una broma”, subrayó Araujo, enfatizando la seriedad con la que las autoridades toman este tipo de amenazas.
Atkins fue arrestado sin oponer resistencia durante una parada de tráfico. Durante el operativo, las autoridades encontraron cocaína en su posesión, lo que derivó en cargos adicionales por delitos relacionados con drogas.
El jefe Araujo confirmó que el Servicio Secreto de Estados Unidos fue notificado sobre el caso y está evaluando la posibilidad de presentar cargos federales por las amenazas dirigidas al expresidente.
En su declaración, Araujo destacó el contexto actual de sensibilidad ante este tipo de mensajes en redes sociales. “En el clima actual, no se pueden decir cosas como esta. Tenemos incidente tras incidente que demuestra cómo estas amenazas pueden volverse reales, y nos las tomamos muy en serio”, afirmó.
Hasta el momento, no se ha informado si Atkins ha contratado un abogado para su defensa. ABC News intentó comunicarse con él, pero no recibió respuesta. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si las publicaciones constituyen un delito federal que amerite sanciones más severas.
El caso pone en evidencia la creciente atención de las autoridades a los comentarios violentos en línea, destacando la importancia de evitar expresiones que puedan interpretarse como amenazas reales.