El Gobierno argentino aprobó este martes un cambio significativo en la legislación sobre la adquisición y tenencia de armas. A partir del decreto 1081/2024, publicado en el Boletín Oficial, se reduce de 21 a 18 años la edad mínima para obtener la credencial de legítimo usuario, ajustando la normativa a la mayoría de edad establecida en el país.  

El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete Guillermo Francos. La medida busca actualizar la reglamentación de la Ley N.º 20.429, originalmente promulgada en 1975, cuando la mayoría de edad en Argentina era de 21 años. En 2009, esta se redujo a 18 años, dejando desfasada la normativa sobre la tenencia de armas.  

Según el texto del decreto, el objetivo es "reconocer la capacidad de los ciudadanos para ser legítimos usuarios de armas desde la mayoría de edad", promoviendo una coherencia entre la legislación civil y la regulación de armas.  

A pesar de la reducción de la edad mínima, el decreto mantiene sin cambios los requisitos esenciales para obtener la credencial de legítimo usuario:  
1. **Evaluación psicológica y física:** Los solicitantes deben demostrar que no presentan condiciones que les impidan poseer armas de fuego.  
2. **Acreditación de identidad y medios de vida:** Es obligatorio presentar documentos que confirmen su identidad, domicilio real y medios de vida lícitos ante la autoridad policial correspondiente.  

La medida ha generado reacciones diversas. Por un lado, los defensores de esta modificación consideran que equiparar la edad mínima para poseer armas con la mayoría de edad es un paso hacia el reconocimiento de derechos plenos a los jóvenes adultos. Por otro, críticos advierten que la flexibilización podría aumentar los riesgos de incidentes relacionados con armas de fuego en un país donde la seguridad y el control de armas son temas sensibles.  

El decreto forma parte de un proceso más amplio de actualización legislativa impulsado por el gobierno de Javier Milei, que busca implementar cambios en áreas clave de la regulación estatal.  

La reducción de la edad mínima para la tenencia de armas reabre el debate sobre la seguridad pública y los límites de la responsabilidad individual en un contexto de creciente polarización política en el país.