El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, lanzó una fuerte advertencia sobre el proceso de selección de más de tres mil aspirantes a cargos dentro del Poder Judicial, al señalar que algunos de ellos han sido defensores de narcotraficantes, lo que a su juicio los inhabilita automáticamente para ocupar una función pública por no cumplir con el requisito de probidad.

En declaraciones recogidas por El Universal, el legislador por Morena consideró que la reciente medida del Instituto Nacional Electoral (INE) para verificar los antecedentes penales y requisitos constitucionales de los candidatos es acertada, pero llega tarde. “Sí hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad”, declaró Noroña ante medios de comunicación.

El senador enfatizó que existen casos documentados de personas que han estado vinculadas a la liberación de delincuentes relacionados con el crimen organizado. “Sería desafortunado que un defensor de narcos acreditado o un juez que ha liberado a narcos, acreditado, con una conducta sistemática, formara parte del proceso”, apuntó.

Aunque la mayoría de los perfiles cuestionados se encuentran en el Poder Judicial, Fernández Noroña no descartó que en el Legislativo también haya casos similares, lo cual consideró preocupante para la integridad de las instituciones públicas.

En cuanto a la propuesta conocida como “8 de 8”, que busca evitar que personas con sentencias por violencia de género puedan contender en elecciones, el senador reiteró la necesidad de basar cualquier decisión en resoluciones judiciales firmes y definitivas. “No se debe tomar en cuenta el incumplimiento de acuerdos de divorcio o de pensiones alimentarias si no existe una sentencia condenatoria”, puntualizó.

Aunque no anticipa una impugnación al acuerdo del INE, Fernández Noroña insistió en que la depuración de candidatos debió realizarse antes de iniciar el proceso electoral: “Creo que debería retirarse el registro a quienes no cumplen. No deberían esperar a que haya sido la elección”.

La declaración del senador se suma al debate nacional sobre la integridad de los aspirantes a cargos públicos, en un contexto electoral marcado por la exigencia de mayor transparencia, legalidad y ética en el servicio público.