El caso de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño de 24 años con residencia legal en Estados Unidos, ha generado alarma y tensión diplomática luego de que fuera deportado a El Salvador y recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), a pesar de su estatus migratorio regular y su matrimonio con una ciudadana estadounidense.

Ábrego fue detenido durante un control de tránsito en Maryland y deportado el pasado 16 de marzo, sin tener oportunidad de apelar. Según documentos judiciales, había huido de El Salvador tras recibir amenazas del grupo criminal Barrio 18, y su expulsión lo puso directamente en manos del sistema penitenciario salvadoreño, que lo trató como presunto pandillero.

Ante la gravedad del caso, el senador demócrata Chris Van Hollen viajó esta semana a San Salvador con el objetivo de presionar por la liberación de Ábrego. A través de la red social X, el legislador denunció que el joven fue “secuestrado ilegalmente” y reiteró su llamado a que regrese a Estados Unidos.

“Espero reunirme con funcionarios salvadoreños, con el equipo de la embajada y con el propio Kilmar. Fue secuestrado ilegalmente y necesita regresar a casa”, escribió Van Hollen.

Hasta ahora, no está confirmado si alguna autoridad salvadoreña —incluido el presidente Nayib Bukele— se reunirá con el senador. Bukele, durante una reciente visita a la Casa Blanca, calificó a Ábrego como “un terrorista” y se negó a liberarlo, afirmando que permitir su regreso sería ilegal.

El caso ocurre en el marco de un acuerdo secreto firmado entre ambos países, que permite enviar migrantes detenidos en EE.UU. al Cecot. Washington destina 6 millones de dólares anuales para apoyar el sistema carcelario salvadoreño. Según informes judiciales, más de 200 migrantes deportados desde EE.UU. han sido recluidos allí.

El gobierno estadounidense, bajo la administración de Donald Trump, ha defendido las deportaciones argumentando posibles vínculos con grupos criminales como MS-13 o el Tren de Aragua, ambos declarados como organizaciones terroristas. Sin embargo, investigaciones revelan que la mayoría de los deportados no tienen antecedentes penales.

Pese a una orden judicial en Maryland que favorece a Ábrego, ninguna de las dos naciones ha dado pasos efectivos para permitir su regreso. El gobierno de EE.UU. incluso ha negado brindar al tribunal información precisa sobre su ubicación, alegando que los términos del acuerdo son “clasificados”.

El Cecot ha sido duramente criticado por organizaciones internacionales por posibles violaciones a los derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas y restricciones al derecho de defensa. El caso de Ábrego ha sido destacado por activistas como un posible precedente peligroso para otros migrantes legales en Estados Unidos.

Mientras tanto, la suerte de Kilmar Ábrego sigue en el limbo. La visita del senador Van Hollen busca abrir un canal de diálogo, pero aún no está claro si podrá reunirse con el joven ni si sus esfuerzos lograrán revertir su situación.