Hoy, el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol fue detenido para ser interrogado por su fallida declaración de la ley marcial a principios de diciembre. Este acontecimiento marca un hito en la historia de Corea del Sur, ya que es la primera vez que un presidente en funciones es arrestado en el país. La detención ocurre después de un prolongado enfrentamiento con las autoridades, que incluyó un asedio tenso y un despliegue de más de 3,200 efectivos policiales en la residencia presidencial.
 
La crisis política en Corea del Sur se desató hace 43 días, cuando Yoon sorprendió al país declarando el estado de excepción y acusando a la oposición, que tiene la mayoría parlamentaria, de actuar como "fuerzas pronorcoreanas". Esta declaración generó un fuerte rechazo en la población y en el Parlamento, que votó para inhabilitar al presidente el 14 de diciembre, tras lo cual comenzó a gestarse un conflicto institucional.

El operativo para arrestar a Yoon comenzó a las 3:20 a.m. con la movilización de efectivos policiales y autoridades judiciales para ingresar a la residencia presidencial en Yongsan, en el centro de Seúl. La seguridad, sin embargo, estuvo a cargo del Servicio de Seguridad Presidencial (PSS), que previamente había impedido otro intento de arresto el 3 de enero. A pesar de los intentos de los partidarios del presidente, que se congregaron en las cercanías para impedir la detención, las fuerzas de seguridad lograron penetrar el perímetro y arrestar a Yoon a las 10:33 a.m.

Una vez detenido, Yoon fue trasladado a la sede de la Oficina para los Casos de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO) para su interrogatorio. Durante las primeras horas, se negó a declarar, pero su equipo de comunicación publicó una carta en sus redes sociales en la que defendía su decisión de imponer la ley marcial como un "ejercicio de autoridad presidencial para superar una crisis".

El mandatario enfrenta cargos de insurrección y abuso de poder por su declaración de la ley marcial, el único delito del cual un presidente surcoreano no es inmune. En caso de ser hallado culpable, Yoon podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua o, en el caso de insurrección, incluso la pena de muerte, aunque esta última sigue suspendida en el país desde hace casi 40 años.

Mientras se lleva a cabo la investigación, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur también evalúa la inhabilitación de Yoon y debe decidir antes de mediados de junio si esta será definitiva o si el presidente será restituido en su cargo. La detención de Yoon ha sumido al país en una nueva fase de crisis política, cuyo desenlace podría marcar un antes y un después en la historia del país.