En las regiones más vulnerables de México, el diseño de políticas y programas debe basarse en la acción colectiva, entendida como la colaboración activa de la comunidad en la solución de problemas públicos. David Morales González, coordinador de Estudios de Posgrado de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (UNAM), señala que esta estrategia es fundamental para transformar territorios de manera sostenible.
Antes de implementar políticas asistencialistas o de subsidios, es crucial evaluar si la población está dispuesta a adoptar las medidas propuestas. Esto no solo optimiza recursos, sino que también evita la cancelación de proyectos, como obras de infraestructura. Morales enfatiza la necesidad de herramientas modernas, como la inteligencia artificial, para realizar evaluaciones previas que consideren factores sociales, económicos e incluso religiosos.
“La actuación colectiva permite que las decisiones se tomen en conjunto con la ciudadanía. En un cogobierno, la planeación y el presupuesto son participativos, lo cual fortalece la calidad de la democracia”, explicó el académico.
En México, las comunidades indígenas son ejemplos destacados de acción colectiva. Según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales (2019), en 421 municipios se eligen autoridades mediante el régimen de usos y costumbres, donde las decisiones se toman colectivamente en beneficio de todos. Estas comunidades gestionan bienes comunes, como bosques de anidación de mariposas monarca, con reglas no escritas que limitan la conducta individual en favor del bien común.
Morales contrasta estas prácticas con la sociedad de mercado, donde predomina el individualismo y la acumulación de riqueza. Este enfoque genera desigualdad y sobreexplotación de recursos naturales, como en las pesquerías de acceso libre, donde grandes empresas compiten desigualmente con pescadores locales.
Para equilibrar esta situación, el desarrollo institucional y la creación de cooperativas son esenciales. “Una cooperativa fortalecida con fondos y equipo puede competir y garantizar la supervivencia tanto de la comunidad como de los recursos naturales”, puntualizó Morales.
Uno de los mayores desafíos de la acción colectiva es evitar que personas obtengan beneficios sin participar activamente. Estos “polizones” dificultan alcanzar objetivos comunes, como mejorar la calidad de vida o conservar recursos naturales. Sin embargo, Morales reconoce que los esquemas de acción colectiva son más efectivos en comunidades pequeñas, donde es más fácil establecer acuerdos y reglas claras para la gestión comunitaria.
En palabras de Morales, el éxito de estos modelos radica en sumar intereses individuales hacia un propósito colectivo que genere utilidad social, es decir, valor público. Esto puede lograrse a nivel vecinal, barrial o comunitario, donde la cercanía y el compromiso mutuo son fundamentales para transformar territorios y garantizar el bienestar de sus habitantes.
