En una decisión que ha generado una fuerte controversia, el Gobierno argentino anunció este viernes la eliminación de la figura del feminicidio del Código Penal. **Mariano Cúneo Libarona**, ministro de Justicia, justificó la medida asegurando que el feminismo representa una "distorsión del concepto de igualdad".
“Vamos a eliminar la figura del feminicidio del Código Penal Argentino porque esta administración defiende la igualdad ante la Ley consagrada en nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que otra”, declaró el ministro a través de su perfil en la red social X.
La decisión implica la modificación de la ley 26.791, introducida en 2012 durante el mandato de **Cristina Fernández de Kirchner**, que establecía prisión perpetua para quienes cometieran el asesinato de una mujer mediando violencia de género.
El ministro argumentó que el feminismo ha sido utilizado para “llenarse los bolsillos y desmedrar al hombre” y aseguró que **“somos todos iguales ante la Ley y merecemos la misma protección y respeto”**. Estas declaraciones resonaron con el discurso que el presidente argentino, **Javier Milei**, ofreció esta semana en el Foro Económico Mundial de Davos, donde calificó el feminicidio como una figura que **“legaliza de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre”**.
Desde su llegada al poder el 10 de diciembre de 2023, Milei ha llevado adelante una ofensiva contra las políticas públicas de atención y protección a las mujeres, eliminando el **Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad** y otras instancias de prevención y asistencia en casos de violencia de género.
La decisión del Ejecutivo argentino se da en un contexto alarmante de violencia machista. Según cifras de la organización **Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá)**, en 2024 se registraron **255 feminicidios**, lo que equivale a un caso cada 34 horas, además de 604 intentos de feminicidio. Otra organización, el **Observatorio de Violencias Mercedes Pagnutti**, eleva la cifra a **294 muertes**.
En contraste, las cifras oficiales del Gobierno señalan una disminución del 10 % en los casos de feminicidios durante 2024, contradiciendo los datos de las organizaciones civiles.
El informe de Mumalá también reveló que solo el **12 % de las víctimas había denunciado previamente a su agresor**, el porcentaje más bajo en los últimos nueve años, lo que pone en evidencia la falta de confianza en el sistema de protección.
Diversos colectivos feministas y organismos internacionales han calificado la eliminación del feminicidio del Código Penal como un grave retroceso en los derechos de las mujeres en Argentina. **“Esto borra de un plumazo años de lucha por visibilizar la violencia de género como un problema estructural”**, declaró una vocera de Mumalá.
La medida también pone en riesgo el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de derechos humanos y género, como los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
Mientras tanto, la tensión social crece en el país, y los movimientos feministas han convocado a movilizaciones masivas en rechazo a la decisión del Gobierno. Argentina, que alguna vez fue ejemplo regional en políticas de género, se enfrenta ahora a un escenario incierto, marcado por un debate que pone en jaque los avances alcanzados en la última década.
