En un impactante acto de justicia por mano propia, tres hombres acusados de robo y secuestro de una menor fueron linchados este sábado en el municipio de Atzitzihuacan, Puebla. Según informó el Gobierno estatal, los hechos ocurrieron cuando al menos 300 pobladores tomaron el control de la situación, resultando en la muerte de los presuntos delincuentes.
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación de Puebla, las autoridades municipales acudieron al lugar como primer respondiente, pero para cuando llegaron, los hombres ya no presentaban signos vitales. Testigos locales señalaron que dos de los acusados fueron quemados en el lugar, mientras que el tercero fue colgado de un árbol.
Los linchamientos han ido en aumento en México durante los últimos años. Según un estudio de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), entre 2016 y 2022 se registraron 1,619 casos o intentos de linchamiento, de los cuales 1,423 fueron consumados. Puebla encabeza las estadísticas, con 27 casos documentados solo en 2023, seguida por Tlaxcala e Hidalgo.
El fenómeno refleja un creciente descontento social ante la percepción de impunidad y la falta de confianza en las instituciones de justicia. Un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señala que en 2018 los linchamientos aumentaron un 190 %, alcanzando un récord de 174 casos y 271 víctimas.
El linchamiento en Atzitzihuacan es un reflejo de la ola de violencia generalizada que atraviesa México. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), el país registró más de 196,000 asesinatos, la cifra más alta en la historia reciente, según la organización civil Causa en Común.
En contraste, los primeros meses del mandato de Claudia Sheinbaum muestran una ligera disminución en homicidios dolosos, con 2,234 casos reportados en febrero de 2024, lo que representa una caída interanual del 4.98 %.
La violencia comunitaria, como los linchamientos, pone de manifiesto la necesidad urgente de fortalecer las instituciones de seguridad y justicia en México. Especialistas advierten que la falta de intervención oportuna por parte de las autoridades podría perpetuar este tipo de acciones que vulneran el Estado de derecho y profundizan la crisis de violencia en el país.
El caso de Atzitzihuacan es un recordatorio de los desafíos pendientes en la construcción de una justicia que sea accesible, eficiente y respetuosa de los derechos humanos.
