La crisis diplomática entre España y Venezuela se ha intensificado tras la detención de dos ciudadanos españoles en Caracas, acusados por el gobierno de Nicolás Maduro de formar parte de un plan para atentar contra su vida. El gobierno español ha negado rotundamente cualquier implicación en este supuesto complot.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha desmentido categóricamente las acusaciones venezolanas y ha asegurado que los dos detenidos no forman parte de ningún servicio de inteligencia español. Asimismo, ha solicitado al gobierno venezolano acceso consular a los detenidos para garantizar sus derechos y brindarles la asistencia necesaria.

Las familias de los detenidos han denunciado su desaparición y han expresado su preocupación por su seguridad. El gobierno español se ha puesto en contacto con ellas y está siguiendo de cerca el caso.

La detención de los dos españoles ha provocado una fuerte reacción en España. El Partido Popular ha acusado al gobierno de Pedro Sánchez de ocultar información sobre el caso y de tener una relación demasiado cercana con el régimen de Maduro.

Por su parte, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha calificado a Venezuela de "régimen dictatorial y autoritario", condenando las detenciones arbitrarias y el exilio forzoso de líderes opositores como Edmundo González.

La oposición española ha aprovechado la situación para presionar al gobierno de Sánchez a reconocer a González como presidente legítimo de Venezuela, una medida que ya ha sido aprobada por el Congreso y que se espera que sea ratificada por el Senado.

Esta crisis diplomática ha puesto de manifiesto las profundas diferencias entre España y Venezuela, y ha reavivado el debate sobre la situación política en el país caribeño. La Unión Europea también se ha visto involucrada en esta polémica, y se espera que en los próximos días se adopten nuevas medidas para presionar al gobierno de Maduro.