Anoche, una jueza del Estado de México vinculó a proceso a Carlota “N”, de 73 años, así como a sus hijos Mariana “N” y Eduardo “N”, por el delito de homicidio calificado en contra de dos personas que presuntamente ocupaban de manera ilegal una vivienda en el fraccionamiento ExHacienda de Guadalupe, en el municipio de Chicoloapan.
La resolución judicial está relacionada con los hechos ocurridos el pasado 1 de abril, cuando Carlota “N” y su hijo Eduardo “N” dispararon en contra de los ocupantes del inmueble, provocando la muerte de dos personas y dejando herido a un menor de 14 años, por lo que también se les vinculó a proceso por homicidio calificado en grado de tentativa en agravio del adolescente.
Durante una audiencia que se extendió por más de nueve horas, la jueza rechazó los argumentos de legítima defensa presentados por la defensa de los imputados, al considerar que actuaron con ventaja, ya que se presentaron armados y no recurrieron a instancias legales para resolver el conflicto sobre la propiedad de la vivienda.
Los abogados de la mujer de 73 años solicitaron el cambio de medida cautelar a arraigo domiciliario, alegando su edad y condición de salud. Sin embargo, la jueza mantuvo la prisión preventiva para los tres imputados, al argumentar que Carlota participó activamente en los hechos y utilizó un arma de fuego, por lo que no puede ser considerada una persona vulnerable en este contexto.
La defensa también denunció que la detención, ocurrida el 2 de abril, fue ilegal, ya que se llevó a cabo sin orden de aprehensión ni cateo, además de que los detenidos habrían sido agredidos físicamente por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). La jueza desechó esta teoría, señalando que no se ha demostrado la existencia de un efecto corruptor ni irregularidades graves en el proceso.
Se fijó un plazo de un mes, hasta el 4 de mayo, para el cierre de la investigación complementaria, en el cual tanto la FGJEM como la defensa podrán presentar nuevas pruebas. Los imputados tienen tres días para apelar la decisión de la jueza.
Finalmente, la impartidora de justicia solicitó a la fiscalía una explicación en un plazo de tres días sobre la difusión de un video que muestra los disparos realizados por Carlota y Eduardo, el cual fue entregado por la nuera de una de las víctimas a las autoridades ministeriales.
El caso ha generado amplio debate público sobre los límites de la legítima defensa y el uso de la fuerza ante disputas por propiedad, especialmente cuando involucran a personas de la tercera edad.
