El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo este domingo un llamado histórico al Congreso de la República para que legalice el cultivo de marihuana como una estrategia para disminuir la violencia y debilitar a las organizaciones criminales que controlan su producción y distribución.
“Le solicito al Congreso de Colombia legalizar la marihuana y sacar este cultivo de la violencia. La prohibición de la marihuana en Colombia solo trae violencia”, escribió el mandatario en su cuenta de X (antes Twitter).
Petro busca impulsar una reforma que no solo regule la marihuana con fines medicinales, como lo permite la ley desde 2016, sino también su uso recreativo, una medida que ha sido rechazada en intentos anteriores en el Congreso.
El presidente argumentó que las políticas de prohibición han sido un fracaso a nivel global, fortaleciendo a las organizaciones criminales en lugar de debilitarlas. Como ejemplo, mencionó la captura en Barranquilla de Namoussi Mounir, alias ‘Mou’, presunto enlace entre el Cártel de los Balcanes y narcotraficantes latinoamericanos como el Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia.
“Los carteles actuales son mucho más poderosos que en la época de Pablo Escobar”, advirtió Petro, subrayando que la ausencia de políticas alternativas ha permitido el empoderamiento de las mafias.
El presidente reafirmó su estrategia de combatir el narcotráfico desde sus estructuras financieras y enfocarse en capturar a los grandes capos, en lugar de criminalizar a los pequeños cultivadores.
Además de la marihuana, Petro propuso que los gobiernos eliminen la prohibición sobre el uso de la hoja de coca para fines distintos a la producción de cocaína. Destacó su potencial en la industria alimentaria, agrícola y medicinal, lo que podría contribuir a una política de sustitución de cultivos ilícitos más efectiva.
El llamado de Petro ha generado opiniones divididas. Sectores progresistas y académicos respaldan la propuesta como una medida para reducir la violencia y generar oportunidades económicas, mientras que grupos conservadores y opositores advierten sobre los riesgos de la legalización y el posible aumento del consumo.
La iniciativa representa un cambio de paradigma en la lucha contra el narcotráfico en Colombia, apostando por una estrategia que combina reducción de la violencia y desarrollo económico. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad del gobierno para lograr consensos en el Congreso y convencer a la sociedad de sus beneficios.