La propuesta del expresidente Donald Trump de deportar a 11 millones de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos se enfrenta a múltiples obstáculos que dificultan su viabilidad, según expertos en políticas migratorias. A pesar de su ambiciosa promesa de implementar el “programa de deportación más grande en la historia de Estados Unidos”, los desafíos logísticos, financieros y sociales hacen que este plan sea casi imposible de llevar a cabo.
Obstáculos principales en la ejecución del plan
Según John Sandweg, exdirector interino de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), la implementación de un programa de deportación masiva requeriría la contratación de miles de nuevos agentes de inmigración, un esfuerzo que dependería de la aprobación de fondos significativos por parte del Congreso. Además, sería necesario construir nuevos centros de detención, un proceso que podría tomar años y que generaría una enorme presión sobre el sistema de justicia y recursos del país.
El sistema judicial estadounidense ya está saturado, con más de 3,7 millones de casos pendientes y solo 735 jueces de inmigración disponibles para procesar las solicitudes. La Corte Suprema de Estados Unidos ha garantizado el derecho al debido proceso para los inmigrantes, lo que implica largos plazos legales antes de que se pueda ejecutar una deportación, lo que a su vez retrasaría considerablemente cualquier intento de implementación masiva.
De acuerdo con un estudio del Consejo Estadounidense de Inmigración, deportar a un millón de personas al año podría costar al menos 88 mil millones de dólares, considerando los gastos en infraestructura, personal y logística. Además, varios países, como Venezuela, Rusia y China, han expresado su negativa a recibir deportados, lo que complicaría aún más la ejecución del plan.
Las consecuencias sociales y económicas de la deportación masiva serían profundas. La deportación de un solo miembro de una familia podría reducir los ingresos del hogar en un 62.7%, afectando gravemente a millones de familias en situación de estatus mixto. Los niños ciudadanos estadounidenses con padres indocumentados enfrentarían traumas psicológicos y dificultades económicas. La economía de Estados Unidos podría contraerse significativamente, con un impacto posiblemente mayor que el de la Gran Recesión de 2007-2009.
La falta de infraestructura moderna en la frontera, junto con la resistencia de los gobiernos locales y la dependencia de las autoridades locales para identificar y arrestar a los indocumentados, complicaría aún más la implementación del plan. Esto podría erosionar la confianza en la policía, especialmente en las comunidades inmigrantes, generando un ambiente de desconfianza y tensión social.
En resumen, aunque la propuesta de deportación masiva de Trump ha capturado la atención de muchos, los expertos señalan que los obstáculos logísticos, legales, financieros y sociales hacen que su implementación sea prácticamente inviable, lo que subraya la complejidad de abordar la reforma migratoria en los Estados Unidos.
