Cuatro ciudadanos árabes están siendo sometidos a un proceso avanzado de deportación de Israel, tras ser acusados de terrorismo, según informó este viernes el ministro de Defensa, Israel Katz, quien advirtió que este caso podría ser el inicio de cientos de procedimientos similares.

“Todo el que elija el asesinato y el odio será deportado, su ciudadanía se revocará y pagará el precio completo”, declaró Katz a través de un comunicado oficial.

La decisión se ampara en una ley aprobada en 2023, que permite revocar la ciudadanía o el estatus de residencia a ciudadanos árabes israelíes condenados por terrorismo y que hayan recibido fondos de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

Según cifras oficiales, la población árabe representa el 21 % de los ciudadanos de Israel, lo que equivale a más de dos millones de personas.

La organización legal palestina Adalah calificó la medida como un “ataque brutal contra los derechos más fundamentales”, señalando que se impone un sistema legal desigual que criminaliza exclusivamente a los palestinos. “Este es un acto de violencia estatal sin precedentes”, agregó en un comunicado.

En Israel, la acusación de terrorismo abarca desde acciones armadas hasta gestos de simpatía con la resistencia palestina, incluyendo incluso a menores que arrojan piedras en zonas como Cisjordania ocupada.

Ofir Katz, parlamentario del partido Likud y promotor de la ley, celebró su aplicación como un “evento histórico” y reiteró que “no hay tolerancia en la guerra contra el terrorismo”.

Sin embargo, la medida ha sido duramente criticada por miembros de la oposición árabe en el Parlamento. El diputado Ahmad Tibi, árabe con ciudadanía israelí, calificó la ley como “populista y draconiana”, argumentando que no aplica de la misma forma a ciudadanos judíos que cometan delitos similares pero que no estén ligados a la ANP.

La Autoridad Nacional Palestina, que gobierna partes de Cisjordania ocupada, ha sido criticada por su política de otorgar ayudas económicas a las familias de atacantes muertos o encarcelados, aunque recientemente ha expresado su intención de reformar ese programa.

La implementación de esta ley marca un nuevo punto de tensión en las ya complejas relaciones entre el Estado de Israel y su población árabe, y podría tener profundas implicaciones legales y sociales si se amplía su uso a gran escala.