En una acción coordinada con el gobierno mexicano, Estados Unidos impuso sanciones contra seis personas y siete empresas acusadas de operar una red de lavado de dinero que apoya al Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas de México.
El anuncio fue hecho por Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, quien destacó que estas medidas forman parte del esfuerzo de la administración Trump para frenar el financiamiento ilícito del narcotráfico:
“Al cortar los flujos financieros hacia el cártel, estas sanciones protegerán el sistema financiero estadounidense, debilitarán la capacidad del cártel para introducir drogas letales en Estados Unidos y protegerán vidas estadounidenses”, afirmó Rubio en redes sociales.
Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la red utilizaba empresas fachada para trasladar a México las ganancias obtenidas en territorio estadounidense por medio del tráfico de drogas, entre ellas el fentanilo, una sustancia responsable de decenas de miles de muertes por sobredosis en los últimos años.
Con esta acción, el gobierno estadounidense bloqueó los bienes y propiedades de los sancionados dentro del país, además de prohibir a cualquier ciudadano o empresa estadounidense mantener relaciones comerciales con ellos.
La ofensiva forma parte de un enfoque más agresivo contra los cárteles mexicanos, a los que el presidente Donald Trump ha señalado públicamente como “organizaciones terroristas”, lo que eleva el nivel de tensión y cooperación bilateral en temas de seguridad y comercio.
En respuesta a las presiones de Washington, el gobierno mexicano ha incrementado las incautaciones de fentanilo y reforzado la vigilancia en la frontera con Estados Unidos para frenar tanto el tráfico de drogas como la migración irregular, dos de las principales demandas del expresidente Trump en el marco de su estrategia arancelaria contra diversos países.
Estas nuevas sanciones podrían representar un paso importante en los esfuerzos conjuntos para debilitar financieramente a los cárteles y reducir el flujo de drogas hacia el norte, en un contexto cada vez más complejo de cooperación bilateral y presión política.
