La Fiscalía de Manhattan, encargada del juicio contra el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, por pagos irregulares a la exactriz porno Stormy Daniels, informó al juez Juan Merchan que se opone a la desestimación del caso. No obstante, admitió que podría aceptar posponer el proceso mientras Trump ejerza como presidente, lo que plantea un escenario legal sin precedentes.
En un escrito presentado al juez, la Fiscalía solicitó fijar el 9 de diciembre como fecha para decidir sobre la desestimación del caso, una petición realizada por la defensa de Trump tras su victoria electoral el pasado 5 de noviembre. Aunque la Fiscalía reafirmó su intención de mantener el caso activo, reconoció que la investidura de Trump como presidente crea un "nuevo escenario" que podría justificar una suspensión temporal del proceso.
El pasado mayo, Trump fue declarado culpable de 34 delitos relacionados con los pagos irregulares a Daniels, realizados a cambio de su silencio sobre una relación extramarital. Sin embargo, aún queda pendiente la decisión del juez Merchan sobre la pena que enfrentará el expresidente.
El escrito de la Fiscalía subraya que la presidencia de Trump plantea "cuestiones legales sin precedentes" y asegura que respeta las obligaciones del cargo presidencial. Este reconocimiento ha sido interpretado por medios estadounidenses como una posible aceptación para posponer el caso hasta que Trump termine su mandato.
El equipo legal y de comunicaciones de Trump celebró la postura de la Fiscalía como "una rotunda victoria". Steven Cheung, jefe de comunicaciones del presidente electo, calificó el anuncio como una confirmación de que "esta caza de brujas no puede continuar". Además, expresó confianza en que el juez Merchan eventualmente desestimará el caso por completo.
El juez Merchan, quien ya aplazó el juicio previamente para evitar interferencias con la campaña presidencial, aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la solicitud de la Fiscalía. Sin embargo, se especula que podría aceptar una nueva postergación del caso.
Este caso, que combina acusaciones legales y una figura política polarizante, se convierte en un desafío para el sistema judicial estadounidense. La posibilidad de posponer el proceso debido al cargo presidencial de Trump ha generado debates sobre la separación de poderes y el alcance de la inmunidad presidencial.
Mientras tanto, la atención continúa enfocada en el juez Merchan, cuya decisión definirá no solo el futuro del caso, sino también el manejo de procesos legales contra altos funcionarios en el ejercicio de su cargo.
