Las protestas contra las recientes redadas migratorias iniciadas en Los Ángeles se han multiplicado y extendido a diversas ciudades de Estados Unidos, incluyendo Texas, Nueva York, Chicago, Denver, Las Vegas, Atlanta, Filadelfia, Boston y Washington. En varios puntos, los enfrentamientos entre manifestantes y policías se han intensificado, principalmente en las cercanías de oficinas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

En respuesta, la Casa Blanca ha adoptado una postura contundente. Karoline Leavitt, portavoz presidencial, afirmó que estas protestas “no tendrán éxito” y garantizó que se impondrá el orden para continuar con las deportaciones masivas previstas. Además, destacó que el expresidente Donald Trump recibió un mandato claro de los votantes para frenar la migración irregular y endurecer las medidas migratorias, incluyendo acciones contra las llamadas ciudades “santuario” que limitan la cooperación con las autoridades federales.

El gobierno federal ha desplegado 4,000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines para proteger a los agentes de migración y asegurar la continuidad de las deportaciones, una medida rechazada por líderes locales como la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el gobernador de California, Gavin Newsom. Ambos acusan al gobierno federal de exceder sus atribuciones y advierten que la militarización puede agravar la tensión social.

Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y activistas migrantes denuncian que estas redadas afectan a familias completas, incluidas personas sin antecedentes penales. La Casa Blanca asegura que respeta la libertad de expresión y la protesta pacífica, pero justifica la intervención militar ante los actos violentos registrados contra agentes federales.

La situación sigue siendo dinámica y polarizada, con promesas de mayor resistencia por parte de manifestantes y gobiernos estatales, mientras que el gobierno federal mantiene firme su política de deportaciones. Se espera que en los próximos días continúen las movilizaciones y se intensifique el debate en torno a este complejo tema que involucra seguridad, derechos humanos y políticas migratorias.