El próximo domingo, en la 24 Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se someterán a votación varios cambios estatutarios que podrían redefinir el futuro del partido. Entre las propuestas más debatidas destaca una modificación al artículo 81, la cual facultaría al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para contratar endeudamiento, una medida que ha levantado ampollas entre los miembros de la agrupación.

Dulce María Sauri, líder del Frente Amplio por la Renovación, expresó su preocupación ante esta iniciativa, calificándola como una modificación "muy complicada". Advirtió que, de ser aprobada, no solo se permitiría contratar deuda bajo la dirección del CEN, sino que también se facilitaría la venta de inmuebles emblemáticos del partido, incluida su sede histórica en la Ciudad de México.

"El Consejo Nacional cedería la facultad de decidir sobre la enajenación de bienes al presidente del Comité Nacional, lo que implicaría la posibilidad de vender cualquier propiedad, incluyendo el icónico edificio de Insurgentes Norte", señaló Sauri.

Actualmente, la venta de activos inmobiliarios del PRI requiere la aprobación del Consejo Nacional. Sin embargo, la propuesta de reforma transferiría esta autoridad directamente a la presidencia del partido.

"No es que Alejandro Moreno tenga problemas para obtener la aprobación del Consejo Nacional para la venta, incluyendo, por supuesto, el edificio de Insurgentes, pero como dice el refrán, 'más vale prevenir que lamentar'. Por eso, es preferible que la facultad pase directamente a la presidencia del partido", afirmó Sauri, destacando que este cambio simplificaría los trámites y otorgaría mayor libertad al dirigente para disponer de propiedades.

El PRI enfrenta una deuda significativa, estimada en 189 millones 500 mil pesos según cifras del Instituto Nacional Electoral (INE) hasta 2023. Esta situación financiera precaria ha obligado al partido a recurrir a préstamos, una tendencia que podría agravarse con la aprobación de la mencionada reforma.

El debate en torno a estos cambios en la Asamblea Nacional del PRI ha generado un intenso conflicto interno, con posturas divididas entre quienes apoyan y quienes rechazan otorgar mayores facultades al presidente del CEN.

Los críticos argumentan que la venta de bienes patrimoniales del partido debe mantenerse bajo un control colegiado para evitar decisiones unilaterales que puedan comprometer el futuro de la agrupación política.

La Asamblea Nacional del PRI, convocada para este fin de semana, será crucial para determinar el rumbo financiero y organizativo del partido. La reforma al artículo 81 se perfila como uno de los temas centrales de discusión, y su eventual aprobación podría marcar un antes y un después en la gestión de recursos y bienes del histórico partido tricolor.