La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, se encuentra en el ojo del huracán tras difundirse señalamientos en redes sociales que la vinculan con una presunta orden de censura hacia los medios de comunicación. 

La controversia estalló luego de que comenzara a circular un supuesto comunicado interno atribuido a Grupo SIPSE Radio, en el cual se instruye de manera explícita a conductores y reporteros evitar cualquier mención, ya sea positiva o negativa, sobre el titular de la Agencia Nacional de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo.

La información, que fue dada a conocer inicialmente por diversos periodistas locales, apunta a un documento presuntamente firmado por Juan Manuel López, identificado como gerente general de producción del medio.

En el texto se lee textualmente: “Por este medio se les notifica que por ningún motivo, ya sea bueno o malo, hablar u opinar acerca de ‘Rafael Marín Mollinedo’”.

Esta filtración detonó acusaciones directas contra la mandataria estatal, a quien se le señala de haber dictado la línea editorial para proteger o silenciar la figura del funcionario federal.

Hasta el momento, ni la administración encabezada por Lezama ni los directivos de Grupo SIPSE se han pronunciado para aclarar la veracidad del documento o desmentir las versiones que implican al gobierno en esta restricción informativa.

El incidente ha reabierto el debate sobre las posibles presiones políticas hacia la prensa y el estado de la autonomía editorial en Quintana Roo, en un contexto donde la libertad de expresión vuelve a ser el foco de la discusión pública.