Los Senadores Waldo Fernández González y Judith Díaz, presentaron un Punto de Acuerdo en el que busca que la Cámara Alta exhorte a las autoridades estatales a que garanticen el derecho de los jubilados del magisterio estatal, particularmente bajo el régimen de pensión previo a 1993, inscritos al ISSTELEON, a recibir los ajustes salariales proporcionales a los otorgados al personal activo, conforme lo diga la ley.

De acuerdo a los Senadores, desde su creación el ISSTELEÓN garantiza pensiones equivalentes al 100 por ciento del salario base de los trabajadores activos, con ajustes automáticos conforme a los aumentos salariales del personal en activo. Es decir,  establece el derecho de los jubilados a recibir el mismo incremento salarial que los trabajadores.

“Sin embargo, en 1993 se reformó la ley, sustituyendo este esquema por uno que ajusta las pensiones únicamente conforme a la inflación (INPC)” explicó la Senadora Judith Díaz. Sin embargo, agregó, “La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha respaldado reiteradamente a los jubilados, estableciendo que tienen derecho a una pensión dinámica, es decir, a que sus pensiones se ajusten en la misma proporción que los incrementos salariales de los trabajadores en activo, tal como lo habían cotizado durante su vida laboral”.

Fernández por su parte, condenó que “aunque el Gobierno de Nuevo León ya había acatado la orden de la Corte, desde 2024 se negó a cubrir la diferencia del 6.43% entre el aumento otorgado a los trabajadores en activo, que es del 11.09%, y el aplicado a los jubilados, que es de 4.66%. Esto implica una deuda acumulada para los jubilados de aproximadamente 425 millones de pesos”.

El Punto de Acuerdo presentado exhorta al Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, al Director General y al Presidente del Consejo Directivo del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (ISSSTELEÓN), al Presidente del Consejo Directivo del Mismo Instituto a:
1. Reconocer y garantizar los derechos de los jubilados del magisterio estatal, asegurando que reciban ajustes salariales proporcionales a los otorgados al personal activo, conforme al principio de jubilación dinámica y a jurisprudencia de la Suprema Corte;

2. Pagar de inmediato el ajuste salarial del 6.43% con efectos retroactivos al 1º de enero de 2024, como fue acordado en sesión del Consejo Directivo del 27 de marzo de 2025;

3. Establecer mecanismos claros y legales para actualizar periódicamente las pensiones, conforme al INPC y a los incrementos salariales reales;

4. Remitir al Congreso copias certificadas de todas las actas, acuerdos y resoluciones de los últimos tres años relacionadas con pensiones y servicios del ISSSTELEÓN, incluyendo documentos clave de 2001, 2002 y 2025.

Asimismo, se les exhorta a:
1. Evitar discriminación entre jubilados y garantizar igualdad de trato según cotización y antigüedad.

2. Realizar auditorías públicas e independientes sobre el manejo de fondos de pensiones y salud.

3. Asegurar el respeto a los derechos humanos de los jubilados, en cumplimiento con la SCJN.

Finalmente, se solicita a la CNDH y a su homóloga en Nuevo León investigar posibles violaciones a los derechos humanos de los jubilados del magisterio y emitir las recomendaciones correspondientes.