El Instituto Nacional Electoral (INE) reveló que más del 23% de los votos emitidos para renovar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fueron anulados o se dejaron en blanco, de acuerdo con los cómputos distritales con el 99.8% de actas contabilizadas.

De los 117 millones de votos esperados para este proceso inédito, se registraron 12 millones 581 mil 118 votos nulos (10.8%) y 14 millones 40 mil 409 votos sin marca en el recuadro (12.1%). En contraste, los votos válidos sumaron 89 millones 224 mil, lo que representa 76.9% del total.

Esta cifra de votos nulos representa un récord histórico, superando ampliamente los niveles registrados en procesos anteriores: en 2015 fue del 1.7%, en 2018 del 2.7%, en 2021 del 3.4% y en la elección presidencial de 2024, del 2.4%.

La elección judicial permitió que cada boleta equivaliera a nueve votos individuales —cinco para mujeres y cuatro para hombres—, lo que complicó la dinámica para los votantes. Muchos de ellos no completaron el número máximo de candidaturas o cometieron errores al llenar la boleta, contribuyendo al alto porcentaje de votos anulados.

Además, en redes sociales circularon imágenes de boletas anuladas de forma intencional, como forma de protesta ante la reforma judicial impulsada por Morena y sus aliados, lo que también pudo haber influido en los números.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, reconoció que este proceso presentó retos significativos por su carácter novedoso, y explicó que la baja participación (estimada entre 12.5% y 13.2%) y los errores en el llenado deben analizarse con detenimiento. Aseguró que el instituto “lo hizo muy bien” y que lograron instalar el total de casillas con el apoyo de personal capacitado bajo un nuevo modelo operativo.

Taddei consideró necesario revisar el diseño de boletas y las estrategias de educación cívica, señalando que herramientas como la página Conoce, Practica y Ubica —que recibió más de 25 millones de visitas— fueron útiles, pero no suficientes.

El INE continúa con el conteo en las Juntas Distritales, donde los funcionarios han aplicado criterios específicos para determinar la validez o nulidad de los sufragios, en un proceso sin precedente para el sistema electoral mexicano.