La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Lucía Piña Hernández, rechazó las insinuaciones sobre la supuesta colusión de jueces en procesos de extradición. A través de un comunicado, exigió que cualquier acusación se sustente con pruebas y se presente ante las instancias correspondientes.
La postura de Piña responde a las declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien afirmó que el gobierno contaba con información sobre posibles acuerdos entre jueces y personas sujetas a extradición, lo que habría retrasado o incluso evitado su traslado a Estados Unidos.
Durante una conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, García Harfuch advirtió sobre el riesgo de que algunos de los 29 extraditados a Estados Unidos fueran liberados o que sus procesos continuaran retrasándose debido a supuestos acuerdos judiciales.
Ante este panorama, el gabinete de seguridad, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), decidió proceder con los traslados para evitar cualquier interferencia.
El Consejo de la Judicatura Federal, encabezado por Piña Hernández, reiteró su compromiso con la justicia y el Estado de derecho, asegurando que cualquier resolución tomada por un juez puede ser impugnada por los mecanismos legales correspondientes.
“En un Estado de Derecho lo conducente es acudir a las instancias correspondientes. Por lo tanto, la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal rechaza insinuaciones sobre el proceder de juzgadoras y juzgadores”, declaró Piña.
La ministra presidenta enfatizó que el respeto a la legalidad es fundamental y que no se deben aceptar señalamientos sin pruebas que desacrediten la labor del Poder Judicial.
Este intercambio de declaraciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial refleja las tensiones en torno a la administración de justicia en temas sensibles como la extradición de personas acusadas de delitos graves.
