Proponen reforma para inscribir a deudores alimentarios en Nuevo León en el Registro Nacional

Proponen reforma para inscribir a deudores alimentarios en Nuevo León en el Registro Nacional

Con el objetivo de proteger y garantizar los derechos alimentarios de niñas, niños y adolescentes en Nuevo León, la Coordinadora del Grupo Legislativo del PRD, Perla Villarreal Valdez, en compañía del abogado Enrique Ogaz, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Estatal de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La propuesta busca que el Poder Judicial del Estado tenga acceso al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) para inscribir a los deudores locales e inhibir sus derechos hasta que cumplan con sus responsabilidades.

Durante la presentación de la iniciativa, Villarreal Valdez destacó que la alimentación es un derecho humano reconocido en la Constitución y que la propuesta permitirá homologar la legislación estatal con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. “Queremos que se alimente el registro nacional porque muchas de estas personas se cambian de ciudades para vivir y con este registro se va a poder detenerlos”, añadió.
 
La reforma busca incluir un nuevo capítulo en la Ley, con varios artículos que facilitarán el acceso y la gestión del registro de deudores alimentarios a nivel estatal, siguiendo el ejemplo de otras entidades como el Estado de México, que ya utiliza esta herramienta.

Por su parte, el abogado Enrique Ogaz explicó que la iniciativa agilizará el trabajo en los juzgados y evitará que los deudores utilicen artimañas legales para retrasar el pago de pensiones alimentarias, dejando a las familias en estado de indefensión. “Lo que buscamos es que el Estado, en este caso el Poder Judicial pueda hacer que la situación sea tan difícil para el deudor como lo es para quien lo necesita”, señaló Ogaz.

De aprobarse la reforma, los deudores alimentarios en Nuevo León enfrentarán restricciones como la imposibilidad de obtener licencias de conducir, pasaportes, o participar en procesos electorales, entre otras sanciones.



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