Suiza ha sido reconocida como uno de los países que permite legalmente el suicidio asistido, ofreciendo un marco regulado para aquellas personas que buscan poner fin a su sufrimiento de manera digna. Sin embargo, la reciente detención de varios presuntos implicados en el uso de “Sarco”, una cápsula diseñada para facilitar esta práctica, ha desatado una ola de controversia y debate sobre su legalidad y seguridad.

Para que el suicidio asistido sea legal en Suiza, las personas deben demostrar su capacidad de discernimiento, reflexionar profundamente sobre su decisión y estar libres de influencias externas. Además, deben ser evaluadas por especialistas que confirmen que sufren de un dolor grave. A pesar de estas regulaciones, el uso de “Sarco” ha planteado nuevos interrogantes.

La cápsula fue utilizada por primera vez el pasado lunes en el cantón de Schaffhausen, donde una mujer estadounidense de 64 años, aquejada de problemas de salud severos, falleció de asfixia por nitrógeno. La Policía Cantonal ha abierto un proceso penal contra los detenidos por incitación y asistencia al suicidio, y se ha confiscado la cápsula.

Diseñada por el activista australiano proeutanasia Philip Nitschke, “Sarco” permite a la persona que desea morir presionar un botón que libera nitrógeno, reemplazando el oxígeno y provocando la pérdida de conocimiento y la muerte en unos cinco minutos. Este método ha sido promocionado por la organización "The Last Resort", que asegura que su objetivo es humanitario, cobrando solo el costo del nitrógeno líquido.

Sin embargo, tras el primer uso de la cápsula, varias autoridades cantonales, incluido Schaffhausen, han manifestado su intención de tomar medidas legales contra la organización. La ministra suiza de Salud, Elisabeth Baume-Schneider, declaró que “Sarco” no cumple con los criterios de seguridad de productos y que su uso no es compatible con la ley sobre productos químicos.

Este incidente pone de relieve la complejidad del suicidio asistido en Suiza, donde la legalidad y la ética continúan en el centro del debate. La situación plantea la necesidad de revisar las normativas existentes para adaptarse a las nuevas tecnologías y prácticas en este ámbito sensible.