En una histórica sesión, el Pleno del Congreso de Nuevo León aprobó por unanimidad una reforma que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, dotándolos de personalidad jurídica y patrimonio propio. Esta decisión se enmarca dentro de las negociaciones locales del partido Morena con el PRI y el PAN, y es un paso crucial hacia el fortalecimiento de los derechos de estas comunidades.
Durante la sesión celebrada el miércoles, se destacó que el Senado de la República había enviado la minuta correspondiente, la cual fue aprobada en la madrugada del mismo día. Para que el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgue la reforma, se requiere que 17 Congresos locales la avalen.
La segunda sesión en el Senado, celebrada el mismo día, estuvo marcada por el apoyo unánime de los legisladores, quienes colocaron letreros en sus escaños en respaldo a la reforma. Con 128 votos a favor y sin cambios, se aprobó la minuta que modifica varios artículos de la Constitución, tras lo cual el dictamen fue respaldado nuevamente por 127 votos a favor en lo particular.
¿Qué implica esta reforma?
La reforma al artículo 2 de la Constitución garantiza el derecho a decidir de los pueblos indígenas conforme a sus sistemas normativos, así como a elegir a sus representantes y sus formas internas de gobierno, siempre en respeto a la Constitución y las leyes aplicables, sin limitar sus derechos político-electorales.
Además, se busca preservar, difundir y fomentar la cultura, lenguas y educación de estas comunidades, promoviendo su desarrollo mediante la medicina tradicional, prácticas de salud, alimentación nutritiva y el reconocimiento del trabajo comunitario.
Otro aspecto importante de la reforma es que establece el derecho de los pueblos originarios a ser consultados y a cooperar de buena fe en la adopción de medidas que puedan impactar significativamente en su vida o entorno. Esto incluye la provisión de asistencia jurisdiccional adecuada.
Las autoridades, dentro de sus competencias, deberán asignar partidas específicas en los presupuestos para que los pueblos y comunidades puedan administrarlas de acuerdo con las leyes aplicables. Asimismo, se reafirma el derecho de los pueblos originarios a impugnar decisiones mediante los canales legales pertinentes.
Esta reforma representa un avance significativo en el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas en Nuevo León, sentando un precedente para futuras legislaciones en el país.
