El Congreso del Estado de Nuevo León aprobó un exhorto para que la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción investiguen los contratos de construcción de las líneas del metro. La solicitud fue presentada por la diputada Armida Serrato Flores, del PRI, quien denunció irregularidades en la asignación de estos contratos a empresas vinculadas al gobierno estatal.
Durante la sesión legislativa, Serrato Flores pidió que se investigaran los contratos por más de 5 mil millones de pesos otorgados a Grupo Gentor, empresa asociada con la constructora Mota-Engil México, responsable de las obras de las líneas 4, 5 y 6 del Sistema de Transporte Metro. Según la diputada, estos contratos estarían conectados a una red de pagos y triangulaciones financieras que involucran al despacho legal Firma Jurídica y Fiscal Abogados (FJyF), propiedad del gobernador Samuel García y su padre.
“También señala pagos y facturas a la empresa North American Heavy Equipment (NAHE), operada por Sergio Dávila González, a la cual se le ha pagado al menos 128.3 millones de pesos al despacho legal de García, justo después de que el gobierno asignara a Mota-Engil la construcción de las nuevas líneas del metro”, denunció Serrato Flores.
La legisladora priísta señaló que otras empresas, como Bemase y Comercio y Servicios Industriales Acerta, también vinculadas a Dávila, han realizado operaciones millonarias y presuntamente han actuado como intermediarias con dependencias estatales o proveedores del gobierno.
Serrato Flores solicitó que las autoridades correspondientes investiguen los pagos realizados por el gobierno de Samuel García a Grupo Gentor y Mota-Engil México y, de encontrar pruebas de delitos, se proceda contra quienes resulten responsables. “Esta evidente práctica de corrupción en contra del pueblo de Nuevo León debe ser investigada y llegar hasta las últimas consecuencias”, enfatizó.
La diputada también recordó que los proveedores relacionados con el gobernador están implicados en una dación de pago de un terreno de 17.6 hectáreas en San Pedro, lo que sugiere posibles conflictos de interés. A pesar de las declaraciones de Samuel García en redes sociales, donde asegura que “todas las actuaciones de su gobierno han sido dentro de la ley”, Serrato Flores cuestionó si la legalidad de los actos exonera la triangulación de recursos a beneficio personal.
